Opiniones, proyectos y criticas constructivas.

Domingo, 07 de agosto de 2005

LA TRANSICIÓN DEL RÉGIMEN AUTORITARIO MEXICANO AL SISTEMA DEL PLURALISMO POLÍTICO

EL SEXENIO DE LUIS ECHEVERRIA: el populismo en auge

Era el año de 1976 y el país aún no podía lograr el tan ansiado sueño del bienestar social: la crisis económica al final del sexenio de Luis Echeverría, esfumaba el sueño de todo un país que esperaba consolidarse como una nación económica, política y socialmente estable. El lema “Arriba y Adelante” que utilizó el presidente Echeverría en su campaña no podía ser más que una utopía.

Un año antes, las disputas entre el gobierno federal y el sector empresarial llegó a su punto de ebullición: José López Portillo (Secretario de Hacienda) era reprochado por la CONCAMIN ya que no los habían informado sobre las reformas fiscales. Disposiciones desde el Estado como la ley de protección al consumidor, la creación del INFONAVIT, el crédito rural, servicio público de luz y educación para adultos y asentamientos humanos mermaron las relaciones entre estos dos sectores.

La manera en que se controlaba esta situación por parte del Estado era la apertura del gasto público y la creación de instituciones de beneficio social como las ya citadas anteriormente: el Estado se guiaba por el razonamiento de que la industria nacional cada vez crecía menos en relación a las necesidades del país debido a la debilidad del mercado doméstico y a la extrema dificultad de competir en los mercados internacionales, por ello, las riendas del país en la economía debían ser tomadas por el gobierno federal. La generación de empleos en la mitad del sexenio llegó a casi 1,800,000 y cabría decir que la fuente de financiamiento de todo el proyecto de Echeverría fue el endeudamiento externo (lo que tiempo después daría lugar a una de las peores crisis para el país).

Pero si se incrementó el número de empleos también se elevó la burocracia (en el mismo periodo [1970-1975] el número de individuos requeridos para las oficinas del gobierno y las nuevas secretarias llegó a casi un 60%) y sabemos que si hay demasiada burocracia, se propicia la corrupción por querer ocupar un puesto o ser beneficiario de algún servicio.

Como respuesta al conflicto con los empresarios, se creó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) con el fin de congregar a todo el aparato industrial y formar un bloque para limitar el poder del Estado frente a la economía.

En otras palabras, un sistema político paternalista dirigido por un solo partido en el poder, impedía que otros sectores “metieran las manos” en las riendas de la nación (válganos la expresión), lógicamente, el sector empresarial, la oposición política (inexistente si se puede decir ya que solo partidos como el PAN y el PARM tenían cierta presencia política) y demás instituciones con influencia, se tenían que conformar con solo esperar su oportunidad.

Al hacer referencia a otras instituciones tenemos que mencionar al sector obrero y todo el aparato sindicalista que desde tiempos de Elías Calles con la CROM y su consolidación con Cárdenas y la CTM, fueron el soporte y brazo derecho del sistema: en 1976 la CTM anuncia una demanda general en la cual se pedía una revisión salarial, la respuesta no se hizo esperar y se otorgó un aumento del 23% en promedio a los salarios de los trabajadores no sin antes impedir una huelga de electricistas haciendo uso de la fuerza pública y el ejército.

En general, y a pesar de que el Estado proyectó un plan de autosuficiencia, se sentía un ambiente de crisis y pesimismo social ya que la economía no podía acaparar la demanda y el autoritarismo político se hacía más fuerte. Aunado a esto, se hablaba de que el gobierno cancelaría cuentas bancarias e incluso que nacionalizaría la banca lo que provocó la fuga masiva de capitales y una incertidumbre económica total.

Las consecuencias de esto se fraguaron en una devaluación del peso frente al dólar a un 100%: de $12.50 a $23.00 por dólar.

A pesar de que el gobierno de Echeverría apoyó y manifestó su simpatía hacía los gobiernos de Cuba y Chile, la aparición de grupos armados en el suroeste del país desde la década de los setentas, también se volvía “una piedra en el zapato” para el gobierno: grupos armados de indígenas en Guerrero y Chiapas consolidarían años más tarde al EPR y al EZLN y ponían en tela de juicio la legitimidad de un sistema político que se venía desgastando desde 1968.

Para concluir este espacio histórico, hay que mencionar que la figura presidencial de Echeverría frente a otras naciones fue de intentar ser el líder de los países tercermundistas como empezaba a llamárseles a varios pueblos de América Latina, Africa y Asia, naciones que no podían competir económica y socialmente con potencias como las europeas y la estadounidense. México, o mejor dicho Echeverría, quería llevar a toda América a ese viejo sueño de Bolivar: formar un solo pueblo americano que fuera contraparte de Estados Unidos. Eran notorias sus campañas para que la ONU aceptara la “Carta de los Deberes y Derechos de los Estados”, para la creación del SELA (organismo que proponía la creación de paraestatales latinoamericanos), o bien el Sistema para el Desarrollo del Tercer Mundo. Muchos atribuyeron su actividad a que deseaba el puesto de la Secretaría General de la Naciones Unidas y la obtención del Premio Nobel de la Paz, pero sea esto cierto o no, el hecho es que estas manifestaciones reflejaban su mas íntimo pensamiento.

De hecho, el presidente Echeverría sostuvo una y otra vez que la inflación de 1982 (con impacto en todo el orbe) había sido desatada por los poderosos grupos financieros del mundo y que en América Latina se debía a tensiones sociales y a grupos con intereses encontrados por lo que México la sufrió porque le fue transmitido del exterior.

Para despedirse del poder, el 19 de noviembre de 1976, días antes de dejar la presidencia, el licenciado Echeverría expropió 37,000 hectáreas altamente productivas en el estado de Sonora por razones difícilmente justificables, repartiéndolas no entre los campesinos que las trabajaban sino entre personas no necesariamente ligadas al campo y, con frecuencia, provenientes de otras regiones del país. Este acto acentuó la sensación de desastre que campeó al final de aquel sexenio.

EL SEXENIO DE JOSE LOPEZ PORTILLO: la conclusión de los gobiernos estatistas y el declive del partido único

José López Portillo (único candidato presidencial reconocido ya que como oponente estaba Valentín Campa pero su partido [Partido Comunista Mexicano] no era registrado legalmente) llegó a poder en diciembre de 1982, en medio de fuertes críticas al sistema, el país hundido en la peor crisis económica desde hacía 50 años y fuertes movimientos sociales que ponían en grave riesgo el papel de México frente al mundo.

López Portillo entendió su nueva misión bajo la consigna de que si no tenía alianzas con los demás personajes de la vida del país, llegaría a muy poco como gobernante.

Por ello, y en medio de este ambiente de desaliento y pesimismo, el discurso de toma de posesión cayó como un bálsamo medicinal: ya no hubo ataques a los empresarios ni a las naciones industrializadas del mundo democrático, ni tampoco propuestas de política económica heterodoxa, ni proyectos de esquemas grandiosos para arreglar la economía internacional. Leído en la actualidad parecería que no fue tan esperanzador como se creyó entonces que lo era, pero pronunciado por el Presidente López Portillo con las dotes oratorias que lo caracterizaban, llenó al país de entusiasmo...se escuchaba lo que se deseaba oír.

Si tomamos en cuenta que a finales del sexenio anterior se habían encontrado grandes yacimientos de petróleo en el suroeste del país, podemos determinar que este factor se convertía en una excelente estrategia de arranque para el nuevo presidente: Echeverría quiso ocultar los descubrimientos petroleros y darle cierta plataforma de estabilidad a su seguidor, así, López Portillo podía tomar esos recursos, recomponer el aparato económico, formar alianzas con el sector empresarial y social y volverle la legitimidad al partido que parecíase perdido desde años atrás.

El país que recibió López Portillo tenía una situación económica muy difícil: si bien en 1976 el PIB mostraba un crecimiento real en pesos del 4.4% sobre 1975, hecho el cálculo en dólares y tomando en cuenta la devaluación y el incremento demográfico, el PIB per capita cayó de 1,563 dólares en 1975 a 1,513 es decir, un descenso de 2.5 %; el déficit de las finanzas públicas alcanzaba un impresionante 9.1 del PIB y por consiguiente, la inflación se situaba en un nunca visto 27.2 %. La deuda externa total al 30 de junio de 1977 era de 20,948 millones de dólares, o sea, más de cuatro veces la que existía al fin del período de Díaz Ordáz.


Ante este panorama, no quedaba más remedio que jugar conservadoramente las cartas. Así lo entendió el presidente y anunció que los dos primeros años de su gobierno se dedicarían a superar la crisis, los dos intermedios a consolidar la economía y los dos últimos serían de expansión acelerada.

De acuerdo con este programa y olvidándose del antagonismo de Echeverría con los empresarios, hizo un llamado a éstos para que unieran sus esfuerzos en una “Alianza para la Producción” en que intervendrían todos los sectores; expresó que tocaba a los patrones contribuir para aliviar la carga pública, que el gobierno no se oponía a que ganaran si el país ganaba con ellos. En materia hacendaria, López Portillo prometió que el empresario que quisiera invertir encontraría en la política fiscal una fuente de estímulo: el gobierno emitió los petrobonos con tasas de interés atractivas e indizadas al precio del petróleo que entonces estaba al alza; igualmente y con el mismo propósito permitió que la banca recibiera depósitos en dólares que cubrirían los riesgos cambiarios.

El presidente creía con sinceridad que el flujo de los recursos petroleros iría permanentemente a la alza como consecuencia del descubrimiento de nuevos yacimientos en nuestro suelo y del ascenso constante de los precios; en efecto, entre los países árabes y Venezuela se formó la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), grupo cuyo propósito era reducir la oferta de hidrocarburos para elevar sus precios y para preservar este recurso no renovable. Por varios años esta política funcionó y López Portillo pudo augurar que nuestra potencialidad petrolera podía significar una presión de relevancia mundial, que dado el crecimiento asombroso de nuestras reservas, México tendría antes de 1980 sustancialmente excedentes exportables importantes...cabría recordar aquella famosa frase del presidente ante el auge petrolero: “...los mexicanos que han sufrido carencias ancestrales, ahora tendrán que aprender a administrar la abundancia...”

La banca internacional atorgó créditos al país lo que aumentó la deuda externa de 21, 000 millones de dólares en 1977 a 76, 000 mdd en 1982, después de todo, se tenía dinero para pagarla cuando fuera oportuno, grave error de López Portillo como ser verá.

La industria creció sustancialmente y el campo tomó cierto repunte: la producción de granos como el maíz, frijol y arroz, colocó a México como fuerte exportador e incluso autosuficiente de éstos, todo esto bajo la creación del Sistema Alimentario Mexicano (SAM).

La “abundancia”, como la llamaba López Portillo, incrementó el número de subsidios injustificados elevándolos anualmente un 40% lo que contribuía a la inflación y lógicamente a la burocracia como en el sexenio anterior, en otras palabras, si López Portillo quería borrar esa imagen populista de su gobierno, se equivocaba, estaba tomando las mismas decisiones de su predecesor.

No solo la economía había empezado bien y estaba de nuevo estancada, las relaciones del gobierno con otros actores como los empresarios, la sociedad y los partidos políticos también se hallaban rotas: desde 1977 la guerrilla armada tomó fuerza lo que representaba que el Estado tomara cartas en el asunto y recobrara la legitimidad social.

Jesús Reyes Heroles, Secretario de Gobierno de López Portillo, comenzó a tomar medidas trascendentales en la vida política de México: en abril de 1977 se anunció la libertad de varios presos políticos con la invitación de que estos se incorporaran a la izquierda no armada y así poco a poco ir disminuyendo la guerrilla.

En ese mismo año, se inició la reforma política con un punto a favor: la admisión de nuevos partidos (futuros aliados al PRI) así como partidos creados por la misma guerrilla y por lo tanto su desaparición conflictiva. Sin embargo, nunca permitió el reconocimiento político de Heberto Castillo y su partido, el Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT).

Dos años más tarde, en 1979, en las elecciones federales, eran registrados tres nuevos partidos políticos: el Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Socialista y el Partido Demócrata Mexicano (PDM).

En 1980 el precio del petróleo cayó a 9 dólares por barril cuando en 1978 había estado en 37 dpb. Las esperanzas de sostenimiento económico basado en los hidrocarburos se estaban esfumando: si bien López Portillo imputó la baja del petróleo a “acuerdos miopes” entre algunos productores de petróleo y los países consumidores, la verdad es que las fuerzas del mercado se conjugaron para abatir los precios monopólicos impuestos por la OPEP. La oferta se incrementó porque las altas cotizaciones del petróleo indujeron a que entraran al mercado países hasta entonces productores marginales como Nigeria, Indonesia o Ecuador; pozos que ya no se explotaban por incosteables volvieron a entrar en producción y se empezaron a desarrollar fuentes alternativas de energía como la del carbón, de la caña de azúcar, la solar, la nuclear, etc. Al mismo tiempo, la demanda se contrajo por los altos precios, por la introducción de automóviles y otras máquinas que exigían menor consumo de hidrocarburos.

Una nueva crisis tocaba a la puerta y esta vez parecía demasiado fuerte pues la deuda externa era exagerada y los recursos para sobrellevarla, mínimos.

Al igual que el petróleo, los lazos con la iniciativa privada cayeron: en 1981 López Portillo pudo aminorar el impacto de la crisis devaluando la moneda y reduciendo drásticamente el gasto público no lo hizo porque pensó que “presidente que devalúa, presidente que se devalúa” además “si se hubiera hecho caso a los ortodoxos hubiera resultado difícil la apertura política electoral”. Por estas razones decidió defender la paridad del peso “como un perro”.

De nada sirvió su tenacidad y el 17 de febrero de 1982 se retiró el Banco de México del mercado de cambios, devaluándose el peso. La devaluación era indispensable porque el pago de intereses de la deuda externa alcanzaba los 8,200 millones de dólares anuales y porque los mexicanos habían ya depositado 14,000 millones de dólares en los bancos extranjeros, habían comprado inmuebles en el exterior por 30,000 millones de dólares y porque las cuentas en dólares en los bancos mexicanos montaban otros 12,000 millones para los cuales no bastaba la reserva del Banco de México.


Ante esta situación el gobierno tomó medidas desesperadas como pagar en pesos los depósitos en dólares hechos por mexicanos en la banca nacional, para no enviar sus ahorros al extranjero; acto seguido, se cerró la venta de dólares por cuatro días y, finalmente, el Presidente José López Portillo, sin tomar más consejo que el del licenciado Carlos Tello y el de su hijo “orgullo de su nepotismo”, decidió la estatización de la banca y el establecimiento del control de cambios. El Banco de México fue convertido en un organismo público descentralizado y para su dirección fue nombrado el Licenciado Tello en lugar del licenciado Miguel Mancera, experimentado y hábil banquero central, que meses antes había demostrado irrebatiblemente que el control de cambios era nocivo e inaplicable en México.

El sueño que en 1976 parecía ser realidad, de nueva cuenta se esfumada y el país era presa de los malos manejos de políticos que solo buscaban sus propios intereses.

Aún así, lo que nos interesa es la apertura política y a pesar de que fue mínima, sentó las bases para que las aguas siguieran sus cauces.

EL SEXENIO DE MIGUEL DE LA MADRID HURTADO: la llegada de los gobiernos neoliberales y la nueva apertura política

Desde hacía más de 40 años el corporativismo fue el brazo derecho del sistema político mexicano: las grandes organizaciones sindicales como las CROM y más tarde la CTM sirvieron de sostén electoral para el partido oficial. Todas las organizaciones económicas como PEMEX, los electricistas o los ferrocarrileros tenían fuerte impacto social lo que significaba un punto neurálgico en las decisiones del estado. Por ello, si todas se unían en un mismo organismo o institución y ésta mantenía lazos estrechos con el gobierno, significaba su manejo directo y en cierto sentido la reproducción del sistema.

Pero los conflictos sindicales que sucedieron año con año fueron mermando poco a poco la legitimidad de estos organismos: a finales de la década de los cincuenta, el movimiento ferrocarrilero puso en entredicho a un recién llegado al poder, Adolfo López Mateos. El gobierno de ese entonces simplemente no escuchó las demandas y el movimiento se generalizó, provocó fuertes pérdidas a la economía y de la misma sociedad hacía sus gobernantes. Sin embargo, el líder de la CTM, Don Fidel Velázquez, desmembró el movimiento, acabó con sus representantes y volvió la “tranquilidad” al país.

Décadas más tarde, otros sectores como los médicos y los mismos estudiantes universitarios también expresaron su sentir ante los ataques de un sistema que llegaba a la intolerancia pero pudo más la estructura ideológica de éste y pronto acabó con aquellas manifestaciones.

Traemos esto a punto ya que el corporativismo que durante años marcó el rumbo de México se había mermado considerablemente en los sexenios anteriores a Miguel De la Madrid: hemos visto como el sector empresarial en su conjunto nunca se vio beneficiado y con libertad de actuar durante los gobiernos llamados populistas.
Y la prueba más representativa esta en la nacionalización de la banca al final del sexenio de López Portillo, ahí legalmente y no por las armas como se hacía a inicios del siglo XX, el Estado se convertía en el mandamás de los destinos de la nación.

Por ello, el país que tomaba De la Madrid a su llegada a la presidencia en 1982, sufría una profunda crisis no solo económica sino sobre todo de credibilidad.

En 1982 la inflación alcanzó prácticamente el 100 % pero el problema más grave por lo urgente era el de la deuda externa, cuyo monto al dejar la presidencia López Portillo era de 91,552 millones de dólares.

El plan de acción llevado a cabo por De la Madrid consistía en cuatro medidas fundamentales:

· Reducción del gasto incluyendo la eliminación de dependencias gubernamentales que no tenían sentido
· Liberalización de importaciones
· Solicitud de ingreso al GATT
· Puesta en marcha de privatizaciones en empresas gubernamentales

Lógicamente las repercusiones económicas no se hicieron esperar y las consecuencias políticas también aparecieron: en el sentido económico, se estableció una sobretasa al Impuesto Sobre la Renta (ISR) del 10 % a los contribuyentes con ingresos superiores a cinco veces el salario mínimo, al mismo tiempo que se concedieron desgravaciones a los de menores ingresos; para evitar la evasión de los impuestos en los ingresos del capital se eliminó el anonimato en la tenencia de acciones; se incrementó la tasa general del IVA del 10 al 15 %, se aumentó al 20 % la tasa sobre los bienes y servicios considerados de lujo y se elevaron los precios y tarifas del sector publico, sobre todo en los casos en que se suponía que eran de más consumo por los estratos de mayores ingresos. Con estas medidas, ya para junio de 1983 la recaudación fiscal había aumentado un 124 % en relación al mismo mes del año anterior, lográndose la meta de abatir el déficit público a la mitad como proporción del PIB (de 15.7 a 8.1). En el lado político, las esferas políticas del norte se opusieron electoralmente al PRI: el PAN empezaba a ganar terreno, y aunado a esto, dentro del mismo PRI se formaron grupos que apoyaban la nueva dirección del país y otros que se hacían llamar de la Corriente democrática. Estos últimos seguían las premisas cardenistas de desarrollo económico creadas en la revolución y sentían que el país estaba siendo entregado sin reservas a Estados Unidos.

Aquí es donde aparece el citado corporativismo: si habíamos hablado de que ciertos sectores de la economía servían de sostén al sistema, con la entrada de un nuevo modelo económico basado en la libre competencia, el paternalismo del Estado estaba siendo desechado y daba paso a nuevos organismos basados en el monopolismo y la desaparición de los llamados sindicatos, en otras palabras, sectores como el obrero y las asociaciones civiles quedaban a expensas de un nuevo régimen que no respetaba la igualdad.

Dado este nuevo escenario, el sector privado volvía a tener presencia en las riendas del país y más tarde su inclusión en la política daría por hecho un cambio sustancial: fuertes empresarios en el norte del país empezaron a ocupar puestos políticos que sirvieran de contrapeso al partido hegemónico, la mayoría de éstos eran del PAN.

Surge así, y de cierta manera, un nuevo corporativismo que ya no se conformaba con solo ser el brazo derecho del sistema y su reproducción, querían el poder. Y ante la falta de legitimidad que tenía el partido único, parecía una “inversión muy rentable” para este grupo.

Y desde otro lado, la corriente democrática del PRI, ajena a los principios liberales del nuevo régimen y apoyada en los ideales de la revolución tendrían a su representante en Cuauhtémoc Cárdenas.

La situación económica empezaba a notar cierta recuperación después de tres años de gobierno de De la Madrid pero sobrevino lo impensable: un terrible terremoto ocurrido el 19 de septiembre de 1985 asoló a la ciudad de México y a extensas regiones del país.

Incontable fue el número de muertos que causó el sismo, nunca se sabrá con exactitud cuantas vidas se perdieron; los daños materiales fueron cuantiosísimos, la ciudad de México sufrió la pérdida del 30 % de su capacidad hospitalaria, 1,658 escuelas quedaron seriamente dañadas, el Distrito Federal dejó de recibir 7.6 metros cúbicos de agua por segundo para su abasto, se averiaron 1,280,000 servicios de energía eléctrica, 412 edificios fueron complemente destruidos y otros 5,728 fuertemente afectados y unas 37,000 personas quedaron sin hogar.

El país estaba reponiéndose de las heridas que le causó el terremoto, cuando se abatió sobre él una gran tragedia de tipo económico todavía peor que el sismo si no se toman en cuenta las vidas perdidas: en el primer semestre de 1986 el precio de petróleo se derrumbó estrepitosamente de 24 dólares el barril en 1985 y de 22.50 en que se había previsto en el presupuesto de 1986 a 12.00 y en algunos momentos a 8.30 por barril de mezcla mexicana.

El gobierno tuvo que empezar de nuevo por equilibrar las finanzas públicas, como si nada hubiera hecho en los anteriores tres años: por el lado de los ingresos incrementó los impuestos a las bebidas y al tabaco, redujo los plazos a los contribuyentes para que cumplieran sus obligaciones fiscales, fijó una carga adicional progresiva y transitoria al Impuesto sobre la Renta, aumentó de nuevo los precios y tarifas públicas y en el caso de la gasolina elevó su precio a pesar que en el resto del mundo estaba a la baja.

En noviembre de 1985 se había firmado ya el protocolo de adhesión al GATT. Como resultado de estas políticas y a un superávit agropecuario favorable, las exportaciones no petroleras crecieron un 26 % y las manufactureras un 46 %, lo que permitió mantener una balanza comercial positiva, pero no tanto como para compensar siempre las erogaciones por el servicio de la deuda externa.
Las relaciones con el sector obrero también sufrieron cambios, veamos: ante el alza de los precios el movimiento obrero amenazó con una huelga general si no se daba una aumento fuerte a todas las remuneraciones laborales; pero éste no se podía conceder porque desataría una carrera de precios y salarios en que estos últimos la perderían como siempre.

Como la inflación no provenía ni del exceso de la demanda, ni del desbalance de las finanzas públicas, sino de los efectos retrasados de carácter psicológico de las crisis pasadas, no procedía en estas circunstancias contraer la demanda, sino ir a las causas de la desconfianza buscando una concertación entre el gobierno y los sectores productivos, para que cada uno adquiriera compromisos factibles para abatir la inflación y reanudar el crecimiento.

Después de varias semanas de arduas negociaciones se firmó el 15 de diciembre de 1987 por representantes obreros, empresariales y gubernamentales el que se llamó Pacto de Solidaridad Económica. Por él, el gobierno se comprometió a disminuir el gasto programable del 22 % del PIB en que se situaba en 1987 a 20.5 % en 1988; a elevar el superávit primario de 5.4 a 8.3 % entre esas mismas fechas; a reducir el arancel máximo de importación de 40 a 20 %, con una estructura tarifaría del 0 al 20 % y a prácticamente sustituir todos los permisos de importación por aranceles; a cambio de eso se devaluó la moneda un 22 %, se anunció que habría ajustes en el ISR y en otros gravámenes y que a partir del 1º de marzo los precios y tarifas del sector público se ajustarían de acuerdo con la inflación proyectada.

Los trabajadores obtuvieron un aumento del 15 % de los salarios mínimos del 16 al 31 de diciembre de 1987, otro del 20 % del 1º de enero al 29 de febrero de 1988, otro del 15 % a los salarios contractuales y un incremento mensual de los salarios mínimos a partir del 1º de febrero de acuerdo con la evolución de los precios de la canasta básica. Los empresarios se obligaron a moderar los precios. El propósito de todo ello era llegar a una inflación máxima del 2 % a finales de 1988.

En ese mismo año se negoció la deuda externa con tal éxito que se pudieron canjear bonos de la deuda mexicana por 3,365 millones de dólares por nuevos bonos a un precio promedio de 69.77 centavos por dólar de los antiguos, obteniéndose así una disminución de la deuda externa por 1,108 millones de dólares y ahorro por concepto de intereses de 1,537 millones durante 20 años. La deuda interna, por su parte, disminuyó en ese año un 10 % en términos reales en relación a 1987.

En resumen, el Presidente De la Madrid tuvo un pobre desempeño si se observa que el PIB sólo creció 2 % en seis años y que la devaluación del peso fue de 1,453 % en ese breve lapso, pero si se consideran los desastres físicos y económicos que ocurrieron durante su mandato habrá que reconocer que difícilmente pudo obtener mejores resultados.

En términos políticos, vemos que se comienza a dar cierta apertura de partidos de oposición al sistema, pero con muchas reservas que provocaron enfrentamientos directos con esos nuevos grupos. La nueva legitimidad del estado quedaría dañada a la llegada del nuevo presidente y su muy cuestionable elección.

EL SEXENIO DE CARLOS SALINAS DE GORTARI: el liberalismo en su máxima expresión, el cuestionamiento al sistema, la aparición de movimientos sociales y armados

México se encontraba en una fuerte efervescencia política a la salida del poder de Miguel De la Madrid. Partidos de fuerte oposición como el conocido PAN y el Frente Democrático Nacional (conformado por los partidos PARM, PPS y PST) de Cuauhtémoc Cárdenas, surgido del PRI, pusieron demasiada resistencia al sistema.

Todo indicaba que las preferencias sociales se inclinaban a la propuesta socialista del Ingeniero Cárdenas pero de pronto surgió lo incomprensible: el conteo de las votaciones llevado a cabo en computadoras sofisticadas se borró instantáneamente porque “se había ido la luz”. El país no entendía como era posible que después de que se reanudaron los conteos aparecía adelante en las votaciones el candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari.

Al final, ganó el Licenciado Salinas, en medio de fuertes manifestaciones de fraude electoral.

Con este hecho queda demostrado a grandes rasgos la poderosa estructura política que aún tenía el Estado: podía llevar a cabo cualquier fechoría con tal de seguir manteniéndose en el poder, a fin de cuentas, nadie podía cuestionarle y mucho menos, comprobarle algo. Después de todo, si se quería seguir en la lógica del modelo económico implementado por De la Madrid y la dinámica mundial del capitalismo, no podía tener las riendas del país un hombre que pensara popularmente, se necesitaba un hombre con visión capitalista y ese era Salinas.

Cuando tomó posesión de la presidencia de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari, se puede decir que México ya había superado la crisis de la llamada “docena trágica” (1970-1982), así como las derivadas de los desastres ocurridos durante el anterior gobierno; en efecto, el PIB empezaba de nuevo a crecer, la inflación a ceder y el déficit público a disminuir e igualmente se habían iniciado por el Presidente De la Madrid dos transformaciones estructurales fundamentales al sistema económico mexicano: la privatización, o desincorporacion si se prefiere, del enorme e ineficiente aparato paraestatal que competía deslealmente con las empresas privadas produciendo todo género de mercancías y servicios y el sistema proteccionista a ultranza que había convertido a la industria nacional en obsoleta y no competitiva en los mercados internacionales; además el Pacto de Solidaridad había comprometido al gobierno a luchar contra la inflación por medio del saneamiento de las finanzas publicas.

Durante el gobierno del Presidente Salinas el gasto publico disminuyó un 25 % en términos reales, mientras que el gasto social pasó a ser del 54 % del gasto programable (esto es sin considerar el servicio de la deuda), cuando en 1989 era del 32 %; este resultado se obtuvo, por supuesto por una estricta disciplina fiscal, pero el factor más importante fue el arreglo de la deuda externa.

En 1989 el gobierno propuso a los más de 500 bancos acreedores que representaban la casi totalidad de los créditos contra México, cualquiera de estas tres fórmulas: 1) una reducción del 35 % del saldo de la deuda, equivalente al precio al que se cotizaban lo papeles mexicanos en el mercado internacional, 2) una tasa de interés fija del 6.25 %, o 3) recursos frescos por cuatro años. La mayoría optó por la primera opción, una importante minoría por la segunda y unos cuantos por proporcionar recursos frescos.
Al mismo tiempo la deuda interna disminuyó del 20 % del PIB en 1988 al 5 % en 1994, gracias a la caída espectacular de las tasas de interés entre estos mismos años; los CETES a 28 días, por ejemplo bajaron su rendimiento de 52.3 % en diciembre de 1988 a 13.6 en octubre de 1994 y el pago que tenía que realizar el erario por este concepto bajó del 18 al 2.5 % del PIB, o si se prefiere del 44 al 10 % del gasto público debido también a que disminuyó a algo más de la quinta parte el vencimiento promedio de los créditos La fuerte reducción del servicio de la deuda permitió incrementar el gasto social en más del 85 % durante la administración salinista.
El arreglo de la deuda pública, sobretodo la interna, se realizó principalmente con los recursos provenientes del alza de los precios del petróleo y los de la privatización. La intranquilidad que causó la Guerra del Golfo hizo que subieran los precios del petróleo considerablemente, con la consiguiente utilidad de los países productores. El gobierno mexicano consideró atinadamente que en un tiempo relativamente breve concluiría el conflicto bélico y volverían a su nivel normal los precios y por ello tomó tres medidas precautorias: en primer término, en el presupuesto solo se calculó la mitad del precio prevaleciente durante el tiempo de guerra; en segundo lugar, adquirió opciones a futuros por si la baja prevista fuera menor que la que se diera en la realidad y, por último, las utilidades petroleras por este concepto pasaron a formar un fondo de contingencia que en 1994 se aplicó a cancelar pasivos con el Banco de México por 20 billones de pesos (20,000 millones de nuevos pesos).
Igualmente pasaron a formar parte del Fondo de contingencia los recursos provenientes de la desincorporación durante el sexenio de 415 entidades paraestatales (el 67 % de las existentes en 1988, entre ellas Teléfonos de México y las compañías de aviación), y de los 18 bancos estatizados por López Portillo, que se vendieron en licitación a tres veces su valor en libros y a 15 veces la relación precio-utilidad. En ambos casos el gobierno consideró con acierto que no era prudente aplicar ingresos que se percibían por una sola vez al financiamiento de gastos permanentes.
Una reforma estructural en la agricultura de México fue la modificación al artículo 27 de la Constitución y a la Ley Agraria: el presidente Salinas declaró desde principios de su régimen que el reparto de la tierra había concluido porque ya no había más tierras que repartir y que si bien antes el reparto respondía a razones de justicia, ya para entonces era improductivo y empobrecedor; de hecho el estancamiento del minifundio era un factor de pobreza de los campesinos tan grave como en su tiempo había sido el latifundio. Ahora, reforma agraria ya no debía querer decir reparto sino aumento de la producción.

De acuerdo con estas ideas, las reformas a la legislación agraria dieron certeza jurídica a los agricultores, confirmaron las tres formas de tenencia de la tierra existentes (la pequeña propiedad, la ejidal y la comunal), dieron libertad a los ejidatarios para disponer de su tierra, ya sea rentándola, hipotecándola o vendiéndola y permitieron la asociación de ejidos con pequeños propietarios o empresas.
Otra modificación importante fue el cambio de régimen del subsidios agrícolas; se estableció el Programa de Apoyo Directo al Campo (PROCAMPO), por el cual se dan a los campesinos apoyos directos por hectárea que sustituyen gradualmente el subsidio implícito en los precios de garantía: de esta manera se benefició a más de dos millones de campesinos que no gozaban de precios de garantía por producir fundamentalmente para el autoconsumo. Por las mayores inversiones, la seguridad jurídica, los créditos y un buen régimen de lluvias desde 1992 el país fue autosuficiente en maíz y frijol; aun cuando la productividad agrícola siguió siendo muy baja.
De gran trascendencia fue la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) consistente en una prestación a los asalariados, a cargo de los patrones, por el 2% del salario integral, para formar fondos para los casos de jubilación, incapacidad, desempleo o fallecimiento. La gran innovación del SAR es que los recursos captados van a cuentas individuales con un rendimiento garantizado, de cuyo monto es informado periódicamente cada cuentahabiente. El sistema de AFORES, sucesor del SAR, está destinado con el tiempo a convertirse en la principal fuente de ahorro doméstico y de inversiones a largo plazo. En 1994 el SAR contaba con aportaciones para 12 millones de trabajadores por la cantidad de 24,000 millones de nuevos pesos.
Todas estas acciones sirvieron desde un comienzo para darle una nueva cara a la imagen desgastada del presidente y del mismo partido y si a esto le agregamos la obra máxima de Salinas en materia económica como lo fue la entrada de México a un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, podemos decir incluso que por momentos se pensó en modificar la Constitución Política para que se permitiera la reelección presidencial.

El resultado de este tratado fue realmente excelente: México no contrajo ninguna obligación en materia petrolera; los Estados Unidos y Canadá, reconociendo el menor grado de desarrollo de México, abrirían de inmediato su mercado al 84 % de las exportaciones mexicanas y México sólo el 41 % correspondiente a bienes de capital e insumos que no producía; el resto se iría desgravando gradualmente en plazos de 5 a 15 años.

Para México significa la apertura del mercado más grande del mundo a sus exportaciones, principalmente de manufacturas, así como un factor fundamental para la atracción de inversiones y la creación de empleos; para Estados Unidos y Canadá representa la adición de un mercado dinámico y creciente y una mayor competitividad sobre los productos del resto del mundo. Aunque esto significaba el desgaste social de muchos sectores que al no tener las mismas condiciones de competencia, tenían que ser absorbidos por las grandes compañías y acatarse a sus normas.


Regresando a los partidos políticos, después de las elecciones de 1988, Cárdenas y los partidos satélites del FDN conformaron una nueva fuerza política: el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a la que el PRI atacó en demasía desde su aparición pues representaba un fuerte obstáculo para sus proyectos.

En cambio, la relación el PAN fue de conciliadora: a inicios de su sexenio, Salinas se reunió con algunos dirigentes panistas con el fin de solucionar asuntos en materia electoral mientras que al PRD “ni los veía, ni los escuchaba”.

Con esto, el PRI planeaba sus nuevas estrategias de acción electoral: por un lado, reivindicar la imagen del presidente conciliador y establecer lazos de negociación con partidos de fuerte presencia nacional como el PAN. Este último fue ganando terreno político convirtiéndose en promotor de ciertas demandas políticas y electorales como el castigo a los delitos en esta materia, la profesionalización del personal vigilante en las elecciones, etc., todo ello expresado en el Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales (COFIPE) creado en julio de 1990.

En síntesis de este sexenio, si bien en materia económica se notó cierta mejoría (no obstante en 1994) en el aspecto político se consolidó el aparato sistémico: el famoso COFIPE no hizo más que reforzar las estrategias del partido hegemónico en el sentido de establecer alianzas con futuros partidos gobernantes como sería el PAN y borrar del mapa político a fuerzas que representaban intereses contrarios como lo era el PRD en su momento.

Si entendemos que un modelo económico significa proyectos futuros y por ende continuidad, nos podemos explicar que el PAN en su visión empresarial se vuelva un buen substituto de los planes del PRI mientras el PRD no podría sobrevivir en un modelo capitalista que exige acciones contrarias a la justicia social, al populismo, a la nacionalización de los bienes, etc.

EL SEXENIO DE ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON: la estrategia política del partido hegemónico y el triunfo de la democracia (¿?)

No habían pasado tres semanas desde la toma de posesión de la presidencia por Ernesto Zedillo Ponce de León cuando las esperanzas de recuperación económica se desvanecieron como un espejismo. Ante el constante deterioro de la reservas internacionales del Banco de México, el gobierno anunció una devaluación del peso frente al dólar del 15 %; bastó esto para que el pánico cundiera de inmediato ante este flagrante incumplimiento de lo acordado en el Pacto por lo que el público se precipitó a comprar dólares creyendo que a la devaluación anunciada seguirían otras más graves. El gobierno tuvo que dejar en libertad el tipo de cambio que se fue hasta 7.50 pesos por dólar en marzo de 1995, esto es, más de un 100 % de devaluación en relación a la paridad de 3.60 pesos por dólar vigente en los primeros días de diciembre de 1994.

La devaluación y la salida de recursos tuvo como consecuencias que la inflación, que en noviembre de 94 fue de un 7 % anual, pasara a un 8 % mensual en abril de 1995 y que la tasa de interés interbancaria, que era antes de la crisis del 18 % se elevara en vertical al 110 % en marzo de 95. La brutal alza de las tasas de interés hizo que multitud de deudores se vieran en la imposibilidad de cumplir sus compromisos y que la banca se encontrara con una importante cartera vencida y con una caída de la demanda de créditos por parte del público, porque la altísimas tasas de interés los hacían incontables; esto puso a varios bancos al borde de la quiebra.

¿Qué fue lo que provocó esta profunda crisis cuando todo parecía que marchaba sobre ruedas y que el éxito más completo coronaba la brillante gestión del Presidente Salinas?

En realidad hubo varios factores de distinta índole, unos políticos y otros económicos, unos que se venían gestando de tiempo atrás y otros que influyeron al momento de desatarse la crisis.

Los factores políticos siempre han influido decisivamente en la economía; para que ésta se haya desarrollo es necesaria la inversión y ésta depende de la disponibilidad de ahorros, de una tasa de interés atractiva y de las expectativas de tener rendimientos futuros que sobrepasen los recursos que se arriesgan en el momento de la inversión. Las expectativas a su vez dependen de las circunstancias presentes económicas, sociales y de las que razonablemente se esperan en el porvenir. El solo temor a la inestabilidad política y social puede retraer la inversión.

Uno de los factores que atraían la inversión hacía México era que desde la década de los veinte el país no había tenido revueltas, ni golpes de estado, ni magnicidios, ni mucho menos había participado en guerras extranjeras. Todo eso terminó en 1994 cuando se sucedieron una serie de actos violentos en una secuencia tan precisa que parecería que fueron planeados para desestabilizar al país.

Justamente el primero de enero de 1994, cuando se esperaba que la entrada en vigor del TLC de América del Norte diera lugar a una era de auge porque atraería a cuantiosas inversiones para aprovechar que se le abría a México el mercado más grande del mundo, un grupo de encapuchados declaró la guerra al gobierno y al ejército y tomó en breves días algunos poblados. De nada sirvió que el gobierno ordenara al ejército que unilateralmente cesara el fuego para poder entrar en negociaciones con el grupo alzado, el sólo hecho de que formalmente siguiera armado y en rebeldía en las selvas de Chiapas, ha constituido para muchos un disuasivo de la inversión.

Posteriormente fue asesinado Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República y a quien se consideraba como el próximo presidente de México; finalmente, apenas la gente comenzaba a tranquilizarse al ver que las elecciones federales habían sido pacíficas y democráticas ocurrió el asesinato del Secretario General del PRI, Ruíz Massieu.

El impacto de estos acontecimientos en la confianza de ahorradores e inversionistas se puede inferir por el progresivo descenso de las reservas internacionales del banco central, acentuado en las épocas inmediatamente posteriores a estos hechos delictuosos.

Hubo también factores económicos de gran importancia que contribuyeron a desatar la crisis y magnificar sus efectos. Entre los más significativos se pueden destacar los siguientes:

· La caída del ahorro doméstico que en 1988 equivalía al 22 % del PIB y que para 1994 era sólo de menos del 16 %. Esto quiere decir que los fuertes flujos de capital que entraron al país en el período 1988-1994 no vinieron a adicionar sino a substituir al ahorro interno, sin acrecentar el monto de los recursos de inversión. La escasez de ahorro doméstico hizo más vulnerable a la economía mexicana frente a los movimientos de capital extranjero.

· La creación de los tesobonos que el Presidente Salinas creó para mantener el flujo de recursos externos indispensable para financiar el déficit de la cuenta corriente; estos bonos eran a corto plazo y estaban indizados a dólares. Los tesobonos dolarizaron pues la deuda interna y se convirtieron en una bomba de tiempo…..de poco tiempo.

· El fuerte déficit de las finanzas públicas, montó a 0.1 % del PIB, como publicó el gobierno, sino aproximadamente al 5 %, equivalente al déficit por la intermediación financiera. Esta situación otorgó gran liquidez al público, quien en los momentos de corrida contra el peso utilizó para comprar dólares.

· El tipo de cambio real del peso se apreció más de lo prudente (un 23 % ).

· El déficit en cuenta corriente se financió en buena parte con capital “golondrino”, volátil y especulativo.

· Se financiaron algunos proyectos a largo plazo con instrumentos de corto plazo.

· Probablemente hubo un descuido de las relaciones con los inversionistas en los días anteriores a que manifestara la crisis y un mal manejo de los medios de comunicación en los días posteriores; en lo que se ha llamado “ el error de diciembre”.

Cualesquiera que hayan sido las causas, la crisis obligaba a tomar medidas drásticas para lograr fondos que permitieran cubrir los compromisos financieros del país, evitar que la inflación se convirtiera en hiperinflación y corregir el desequilibrio de la cuenta corriente.

Después de que una serie de programas de apoyo a los deudores demostró una operatividad muy limitada se optó porque el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), fideicomiso constituido en el Banco de México, adquiriera buena parte de la cartera vencida a cambio de pagarés del gobierno, que ganaban un interés reducido y eran a largo plazo; los banqueros por su parte adquirieron el compromiso de realizar aportaciones de capital fresco para capitalizar a sus instituciones y crear reservas preventivas necesarias. Hasta 1997 estas aportaciones importaron cerca de 122,000 millones de pesos en su mayoría provenientes de accionistas nacionales, pero también con importantes contribuciones de bancos extranjeros que adquirieron parte o la totalidad de algunos bancos mexicanos. En otras palabras, el FOBAPROA se utilizó como fuente de financiamiento ante la crisis: elevó las tasas de intereses para que no siguieran saliendo capitales del país.

En materia política, el PAN creció de sobremanera pues había logrado mantener sus gobiernos en el norte del país y ya tenia fuerte presencia en el centro y occidente mientras que el PRD gobernaba en Michoacán y algunos otros.

Se entendía que existía cierto pluralismo político en materia de partidos lo que sirvió para promocionar una imagen de un sistema muy tolerante y democrático.

Todas estas acciones contribuyeron a que el PAN se fuera consolidando poco a poco y lograra la presidencia de la república en el 2000 obedeciendo a muchos intereses.




BIBLIOGRAFÍA




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· Cárdenas, Enrique, La política económica en México, 1950-1994, FCE/Colegio de México, 1996

· Rubio, Luis, Las dificultades de un sexenio, en México, auge, crisis y ajuste, Lecturas, núm., 73, Tomo I, FCE, 1995

· Prud´home, Jean Francois, Elecciones, partidos y democracia, en La construcción de la democracia en México, Siglo XXI, México, 1994


LA TRANSICIÓN DEL RÉGIMEN AUTORITARIO MEXICANO AL SISTEMA DEL PLURALISMO POLÍTICO: análisis histórico, económico, político y social desde el sexenio de Luis Echeverría hasta Ernesto Zedillo


Juan Ramón Franco Martínez

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